Ensayo. Perro de prensa

Perro de prensa

HÉCTOR MUÑOZ. MÁLAGA

La sociedad española está enferma. Lo está porque muerde la manzana envenenada que le ofrece una clase política corrompida, mentirosa e interesada. Si tolerar la delincuencia institucional del Partido Popular, dándole el voto mayoritario, no es ya un claro síntoma de disturbio social, la agresiva reacción nacional frente al conflicto catalán nos sirve en bandeja el diagnóstico de certeza, el peor de los males que pueda atacar a cualquier sistema democrático: una opinión pública acrítica, adocenada y depredada por unos medios serviles y complacientes con las élites poderosas. Sálvese quien pueda. El periodismo ha de salir del jardín de mascotas y ser de nuevo un perro guardián frente a las desviaciones del poder.

L

a historia más reciente de la cuestión catalana arranca con el referéndum de junio de 2006, en el que se aprueba el nuevo Estatut con un 73 % de votos favorables. El PP interpone un recurso de inconstitucionalidad, y cuatro años después ―¡cuatro años después!― el Tribunal Constitucional tumba 14 artículos, particularmente aquellos referentes a la lengua catalana, a la autonomía del poder judicial y a las competencias fiscales, además de dejar sin valor jurídico el término nació, incluido en el preámbulo (Brunet y Calvet, 2010).

A partir de diciembre de 2011, frente a una Cataluña indignada, el Gobierno de Rajoy usará la Constitución Española a modo de maza golpeadora y convertirá los tribunales en sus escudos políticos frente a las legítimas aspiraciones del poble catalá. Y esto es lo que hay, nens.

Portadas de El Mundo y La Razón sobre el problema catalán                                                                                   FUENTE: kiosko.net

Un problema político

Ya de entrada, se echa en falta un análisis elemental por parte de los medios españoles: la Constitución ordena una democracia pluralista y no militante, es decir, en este país se puede ser republicano, independentista y abiertamente contrario a la mismísima Carta Magna. Las sentencias del Constitucional, de forma reiterada, vienen a decir que se pueden atender las aspiraciones separatistas «de una parte considerable de la población catalana» mediante una reforma constitucional (Castellà, 2016). En otras palabras: desde el primer día, los magistrados advierten al Ejecutivo de que la solución es política y no judicial. Los principales medios estatales cargan las tintas en la inconstitucionalidad del Estatut y pasan de puntillas sobre otras consideraciones jurídicas.

Hacia la confrontación

Al partido del Gobierno le interesa mucho más la confrontación que la negociación, y necesita el aval de la opinión pública española. Son malos tiempos: álgidos momentos de crisis económica para una población castigada con recortes y austeridad. A Rajoy no le basta con su propio aparato de comunicación institucional, y para eso está la prensa de Madrid: El País, El Mundo y ABC demonizan a Artur Mas, lo acusan de perpetrar un desafío intolerable al orden establecido y encuadran el problema catalán en el marco del conflicto, sin ahorrarse primeras planas (Ballesteros, 2015). En general, los medios nacionales presentan el proceso independentista de una forma más negativa y menos democrática que los periódicos catalanes (Alonso, 2014); recurren a fuentes contrarias a la vía secesionista y emplean de forma característica la metáfora del “sólido”: una suerte de construcción simbólica que representa una España monolítica en riesgo de fractura (Martínez y Álvarez-Peralta, 2017).

Es preciso advertir que la parcialidad y la distorsión informativa sobre la cuestión soberanista no son exclusivas de los medios españoles, ni mucho menos: al analizar los contenidos informativos del Canal 3/24, de la televisión pública catalana, se ponen de manifiesto los encuadres temáticos descontextualizados y la selección dirigida de las noticias publicadas (Aparici, 2015), así como en El Punt Avui es posible observar un uso preferencial de fuentes independentistas (Martínez y Álvarez-Peralta).

Equidistancia proporcional

Una vez hecha esta puntualización, en aras de un cierto equilibrio expositivo ―más cosmético que instrumental―, me siento obligado a adelantar que en cualquier análisis de la cuestión catalanoespañola, contemplada desde este flanco de la frontera, encuentro varios factores que justifican la adopción de una posición no equidistante o, mejor dicho, de una equidistancia proporcional: hay 2 millones de independentistas, que suponen casi la mitad de los votantes catalanes en las últimas elecciones, pero son muy minoritarios frente a los 36 millones de electores españoles, entre los que, presumiblemente, los unionistas ocupan un porcentaje abrumador. Por otro lado, el conflicto catalán es el choque entre una idea legítima y su negación, también legítima pero en negativo.

En cuanto a la influencia de los medios (prensa, radio y televisión) en los respectivos espacios públicos, es evidente que los españoles gozan de una mayor capacidad por su doble difusión, mientras que los catalanes se limitan al ámbito regional. El hecho, no menos importante, de que el desconocimiento del idioma catalán sea la norma en el resto del Estado, opera como barrera insalvable para una información simétrica.

Por último, el objeto de mi interés es la sociedad española no catalana que, por otra parte, es de la que tengo conocimiento propio: hablar o escribir sobre lo que se ignora es tarea de estultos, y no es cuestión de contribuir a engrosar un colectivo tan lamentablemente numeroso en nuestro país.

El arte de la persuasión

La irrupción del problema catalán en el espacio público español es un excelente campo para el estudio de los procesos encaminados a moldear la opinión pública de forma favorable a los intereses políticos de los gobiernos. El fenómeno no es único ni aislado, y mucho menos nuevo. Recordemos dos casos ilustrativos: en 1916, Woodrow Wilson es elegido presidente de los EE. UU. tras una campaña contraria a participar en la Primera Guerra Mundial. La presión de la industria armamentística y las expectativas de negocio le llevan, un año después, a declarar la guerra a Alemania. Para obtener la aceptación de la opinión pública norteamericana, se crea el Comité Creel: a través de la propaganda gubernamental, y en solo dos años, Creel y Bernays, entre otros, consiguen convertir «una población pacífica en otra histérica y belicista que quería ir a la guerra y destruir todo lo que oliera a alemán» (Chomsky, 1996).

De forma paralela, y a medida que la Revolución Bolchevique va tomando cuerpo, se desata una nueva ola persuasiva, ahora anticomunista: el "Primer Miedo Rojo". La gran figura del periodismo norteamericano, Walter Lippmann, que hasta esos momentos colabora con la propaganda estatal, denuncia en sus artículos y en su libro Liberty and the News (1920) la sesgada cobertura que sobre dichos acontecimientos hace The New York Times, distorsionando la información (como se cita en Rodríguez, 2012) con  noticias que no son más que el vehículo de las pretensiones y falsedades de una élite contrarrevolucionaria (como se cita en McChesney, 2013).

Este último caso recuerda irremediablemente la campaña mediática desatada contra los grupos políticos de izquierdas surgidos a partir del Movimiento 15-M, muchos de ellos identificados con el independentismo catalán o, cuando menos, con las corrientes favorables al llamado derecho a decidir.

Nacionalismo español

Aunque ahora se les niegue el pan y la sal de una identidad nacional propia, los catalanes siempre fueron vistos desde el lado español como un pueblo diferente y peculiar, hasta el punto de llamarlos coloquialmente “polacos”, no sin cierto tonillo despectivo. La naturalidad con la que la ciudadanía española, en general, asume desde de 1979 todas las legítimas concesiones y transferencias del Estado hacia Cataluña, choca de frente con la intolerancia de nuestros días. ¿Qué ha ocurrido en estos últimos años?

No podemos estar más de acuerdo con la catedrática de Derecho y declarada enemiga de la independencia de Cataluña, Araceli Mangas, en que Rajoy rehusó valorar la opción de un acuerdo político en septiembre de 2012, ocultándose «tras los fiscales, los jueces, el Tribunal Constitucional, el Rey, la ciudadanía española y los empresarios» (Mangas, 2017). Así ha continuado y ahí está la raíz del problema: el Gobierno del PP ha elegido el enfrentamiento.

Para vencer necesita la aprobación popular, como Wilson un siglo antes. Hay que despertar el sentimiento nacional español, dormido desde el último título de la Roja, y embarcar a editores y periodistas en la noble tarea de salvar la sagrada unidad de España, porque Espanya som tots. Todos los gobiernos, sean democráticos o dictatoriales, necesitan el consentimiento de los gobernados. Los primeros, al estar limitados en el uso de la fuerza, se afanan en conseguirlo mediante el control de la opinión pública: «La propaganda es a la democracia lo que la cachiporra al estado totalitario» (Chomsky, 1996, 1998). Rajoy se emplea con ambas.

Los símbolos

Aun sin el águila, la bandera española arrastra el pesado lastre de la Dictadura. El imaginario colectivo la asocia con Franco porque este supo usarla para la propaganda del Régimen. El Gobierno actual ha retomado la idea apelando a una exhibición masiva que ha salpicado de rojigualdas el paisaje urbano de media España. En un país en el que el 36 % de sus ciudadanos confiesa no leer nunca un libro (CIS, 2016), y en el que el fracaso escolar de sus jóvenes solo es menor que el de los de Malta, dentro de la UE (Comisión Europea, 2017), cualquier mensaje racional caería en saco roto.

El símbolo apunta a los sentimientos, atrae emociones y desvía las críticas; seduce a los hombres y los hace solidarios en torno a él, aunque los lleve al matadero. Cuando el poder necesita resultados rápidos, controla las masas a través de símbolos. La construcción de ese espacio simbólico forma parte de la fabricación del consenso (Lippmann, 1922). Para Habermas (1981), este consenso artificial nada tiene que ver con la opinión pública: los medios se han convertido en la correa de transmisión de poderosas élites, para entretener y dirigir a las masas. El filósofo y sociólogo alemán advierte del peligro que esto supone para los sistemas democráticos (como se cita en Boladeras, 2001).

A por ellos

En realidad, los medios españoles no comienzan a tomar en serio la desconexión catalana hasta el 9 de noviembre de 2015, día en el que el Parlament aprueba el inicio del proceso. Y no solo los medios nacionales: La Vanguardia publica el día 10 un duro editorial contra la resolución y anuncia implícitamente el cese de su apoyo soberanista (Pascual, 2016). Hasta entonces se ha relativizado el fenómeno como si se tratase de una burbuja propiciada por la crisis, insuflada por las pretensiones económicas de la clase política catalana y la exaltación de unos cuantos locos independentistas (Boix, 2017).

El discurso mediático nacional es cada vez más hostil y estereotipado, enmarcando la cuestión en una guerra justa que los demócratas han de librar para defender la Constitución, el Estado de derecho y las normas de convivencia “que todos nos hemos dado”. Causa cierto rubor comprobar cómo con estos latiguillos, que vuelan de boca en boca, se establece una corriente de imitación en la que muchos estrenan nuevo vocabulario. “Es la fuerza de la razón y la ley frente a la barbarie de una minoría que quiere humillar a los españoles y a los catalanes que no desean la independencia”; el Gobierno catalán, que representa a esa minoría de 2 millones de personas, es el enemigo único de la propaganda mecanicista.

Para terminar de deformar el mensaje, el aparato mediático sumiso califica el procés como un golpe de Estado, y a sus promotores ―políticos y líderes de organizaciones civiles― unos golpistas que merecen su escarmiento: el que no está huido, está en la cárcel. En la calle se palpa el pulso acelerado de un anticatalanismo creciente. No son pocos los que piden una buena manta de palos: el Gobierno del PP también les dará ese gusto. Cataluña es ocupada policialmente. A por ellos.

La Policía Nacional carga contra manifestantes durante el referéndum del 1 de octubre en Cataluña                                              AFP

Un periodismo complaciente

Todo esto ocurre en un entorno informativo dominado por la aparente normalidad que impone una lógica de causa-efecto. Bajo este esquema de la realidad, los periodistas, jefes de redacción y editores, atados al poder, a sus intereses y a sus propios prejuicios ideológicos, seleccionan, elaboran y publican un sucedáneo informativo (tanto escrito como gráfico) al servicio de la propaganda política. Al plantearles estas cuestiones, los periodistas tienden a justificarse en lugar de hacer autocrítica sobre su dependencia del sistema político y la debilidad frente a presiones económicas. Paradójicamente, hay cierto acuerdo en la necesidad de mejorar la independencia y el pluralismo del periodismo político en España (López-Rabadán y Casero-Ripollés, 2014), lo que se antoja difícil con la precariedad laboral que sufren muchos y la debilidad económica de los medios.

Las críticas de la prensa y de los medios digitales nacionales más próximos ideológicamente al Gobierno hacia las subvenciones oficiales de periódicos catalanes son agrias y constantes, particularmente contra El Periódico de Catalunya, considerado cercano al proyecto independentista (Llorca, 2016). Una vez más, parcialidad y doble moral: tanto La Razón de Ansón y Marhuenda como Libertad Digital de Jiménez Losantos reciben mucha más publicidad institucional que otros, a pesar de tener audiencias sensiblemente menores (Ejerique y Sánchez, 2016; Lobo, 2017).

La crisis económica no puede ser el velo que oculte todas las disfunciones. No es excusa para que el periodismo español deje de cuestionarse el papel de los medios nacionales en la cada vez más débil identificación de los adolescentes catalanes con España, e incluso con la UE en relación a los jóvenes españoles (Wilson-Daily, Barriga y Prats, 2017). No es argumento para hurtar información sobre los planteamientos de expertos jurídicos que sí contemplan una reforma constitucional justa y positiva para todos, en la que Cataluña encajaría sin traumas ni rupturas (Ramió, 2014).

Los periodistas no deben seguir instalados en el mismo nivel que los grupos de intereses cuyos voceros dinamitan la convivencia con mensajes apocalípticos que anuncian la ruina de Cataluña, reducida poco menos que a la indigencia, sin prestaciones sociales, sin bancos y sin comercios (Bosch y Nagel, 2015). Son los mismos que celebran la fuga de empresas pero no hablan del Real Decreto-ley 15/2017, de 6 de octubre, «de medidas urgentes en materia de movilidad de operadores económicos», con el que Rajoy facilita la fuga, sin mencionar en el texto a Cataluña para que nadie piense en represalias. Un cinismo sin parangón. En el resto de España, muchos se frotan las manos obscenamente.

Real Decreto-ley 15/2017, de 6 de octubre, de medidas urgentes en materia de movilidad de operadores económicos / FUENTE: BOE

En cuanto a la opinión, frente a la sana obsesión anglosajona de separarla de la información, el panorama patrio es un popurrí en el que todo vale. A los consagrados líderes de las grandes cabeceras, viene a unírseles una variopinta pléyade de políticos, académicos, intelectuales, artistas y expertos, con el denominador común del no es no a la independencia. Poco lugar queda para la ecuanimidad en unas páginas de opinión preñadas de piezas doctrinales, dogmáticas, combativas y apologéticas. Para lo que sí hay espacio en este flashback decimonónico es para practicar la agitación, no solo pidiendo el 155 vehementemente, por ejemplo, sino lamentando que su aplicación no sea más contundente (Trujillo, 2017).

Propaganda moderna

Todas estas asociaciones entre poder político, aparato mediático y personalidades relevantes con prestigio o simpatía para las masas están basadas en el mutuo beneficio y de ninguna manera son casuales: es la propaganda por “simbiosis”. Su máximo exponente es la manifestación unionista del 8 de octubre en Barcelona, encabezada por el Nobel de Literatura, Vargas Llosa, y el popular García Albiol. El País publica íntegro el discurso ultranacionalista español del escritor peruano, y RTVE transmite las casi tres horas de manifestación con una producción que se ajusta perfectamente a la teoría de la performance: un evento dramatizado en público, que la televisión convierte en acontecimiento mediático con el fin de generar un hecho histórico con el que puedan identificarse las masas (Corrales, 2014). La imagen es un potente elemento comunicativo, capaz de generar la creencia de que lo que no sale en pantalla no existe, y de crear la ilusión de que, por sí sola, la visión de un acontecimiento «es suficiente para darle todo su significado» (Ramonet, 1998).

Cabecera de la manifestación españolista del 8 de octubre de 2017 en Barcelona                                   FUENTE: elconfidencial.com

De la ancestral fascinación que las historias provocan en el ser humano nace una sutil pero eficaz propaganda, el storytelling: «el arte de contar historias convertido en el arte de la manipulación, una nueva arma de distracción masiva que los políticos utilizan para vender sus mensajes al público» (Salmon, 2008). Algunos autores señalan que con la narración se camufla la realidad y se atrae la adhesión del receptor (Gómez y Pérez, 2009). El País, por ejemplo, usa la metáfora de la relación de pareja entre España y Cataluña, en la que no hay derecho a la separación; El Mundo narra un viaje en el que la independencia es un abismo y la nada (Moragas-Fernández y Capdevila, 2017). Este diario publica en claves narrativas la noticia del intento de quemar una bandera española, colgada de un balcón, en Barcelona: Cristina, la dueña, es una mujer fuerte, una patriota que sufre un duro golpe a manos de unos malvados terroristas. Rajoy y Albiol la llaman, se ofrecen para lo que necesite y lo cuentan en Twitter (EFE | El Mundo, 2017). En realidad, casi no hubo daños.

Portada del libro Storytelling: la máquina de fabricar historias y formatear las mentes, de Christian Salmon  /  FUENTE: Librería Communitas

Punto y seguido

El 21-D confirma los 2 millones de independentistas y es una tremenda bofetada democrática al Gobierno español: 4 millones de ciudadanos (el 86 % del electorado) quieren al PP fuera de Cataluña y casi lo expulsan del Parlament. No aceptan la prepotencia de Rajoy ni los encarcelamientos, los palos de la policía o el golpe del 155. Tampoco quieren a la CUP. Excepto, quizá, por el apoyo a Arrimadas, el nuevo estandarte del establishment mediático, podría afirmarse que l'opinió pública catalana resiste a la propaganda nacionalista española y a la radical propia. Una admirable lección democrática, que no es la primera: tengo la convicción de que si no hay que lamentar ―a día de hoy― grandes desgracias personales, solamente se debe a la conducta ejemplar de la ciudadanía de Cataluña.

Primera Enmienda de la Constitución de los EE. UU.                                                                          FUENTE: Díez de Velasco

Al suroeste, muchos perros rabiosos siguen ladrando. El «rebaño desconcertado» de Lippmann (1922) o las masas incapacitadas para «dirigir su propia existencia», de Ortega y Gasset (1930), son síntomas de un fracaso en cadena del periodismo, la opinión pública libre y la democracia.

Cuando el alma mater de la Declaración de Independencia de los EE. UU., Thomas Jefferson, decía que antes que un gobierno sin periódicos preferiría periódicos sin gobierno, estaba dando claves para la tesis del watchdog (Martínez Albertos, 1994), un centinela que vigila y denuncia los desmanes de los gobernantes y las fechorías de los perros facciosos. Frente a estos, el periodismo debe despertar de un profundo sueño y volver a ser aquel noble perro guardián■

© Héctor Muñoz, 2017.

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